¿Es cierto que el Sistema Penal no sirve? ¿o quien falla? Segunda Parte

Por: José de Jesús Aguilar Carrasco

Amable lector, la semana pasada explicamos los antecedentes y el contexto general que ronda el sistema penal acusatorio en nuestro país, sistema que ha sido descalificado en los últimos días. Para tratar de profundizar un poco en este nuevo mecanismo de enjuiciamiento hay que dejar muy claro que se trata de una serie de etapas que comienzan a partir de lo que se ha denominado como la “noticia criminal” esto es una vez que se ha cometido un delito, y es precisamente a partir de este momento en el que aparece en el escenario un participante que en el anterior sistema no tenía mayor trascendencia que vigilar lo que había ocurrido en el lugar al que había sido convocado, circunstancia muy lejana a la responsabilidad prioritaria que hoy entraña la figura del policía que llega a atender una llamada de auxilio por la comisión de un delito a quien el actual sistema le denomina el “primer respondiente”. 

Este primer respondiente es como su nombre lo indica el primer funcionario que se encarga de tomar los indicios para conformar los datos de prueba que con posterioridad deberán ser entregados a otro tipo de policía que la ley denomina policía de investigación y que ambos, en sus esferas de competencia auxiliarán al ministerio público para la indagación de los delitos en conjunto con una figura más como lo son los peritos. A estos funcionarios se les ha denominado la “trilogía de la investigación”.

Sin embargo es en el caso de los primeros respondientes que la mayoría de las ocasiones resultan ser los policías municipales de las demarcaciones en donde se cometen los actos posiblemente constitutivos de delito, donde la preocupación debe movernos como sociedad, esto es, ¿como se puede exigirle a un policía municipal ya no digamos de la capital del estado o de los municipios más grandes de nuestra entidad que cumplan con su labor, sino de aquellos otros que se dedican a esta función porque fue la última opción de empleo que encontraron para poder llevarles el sustento a sus familias, y que estando ya dentro de las corporaciones, los presidentes municipales jamás voltean ni direccionan los suficientes recursos para su preparación, capacitación, sentido de pertenencia a su institución, mejoramiento de sus condiciones laborales y sobre todo el respaldo jurídico que dichos funcionarios requieren para lograr cumplir con su cometido?

Es precisamente en esta etapa del procedimiento en donde se han cometido los mas graves errores que han provocado la liberación de algunos delincuentes, pero estos errores no pueden ser atribuibles a quienes hacen un esfuerzo supremo por cumplir con su labor pese a las precarias condiciones en las que la mayoría de los municipios del estado de Puebla tienen para con su fuerza pública. 

La exigencia desde el punto de vista de quien escribe es precisamente a los alcaldes del estado para que se concienticen en que deben destinar mayores recursos a este rubro, no solo en la compra de patrullas y de armamento que desde luego resultan importantes, sino en el incremento de los ingresos de los elementos de seguridad pública, en capacitación real no simulada, en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública que garanticen que el sistema penal acusatorio al momento de tener un hecho criminal, sean iniciadas las investigaciones y la preservación de las escenas lo más profesional posible, por cierto insisto, antes de criticar el sistema penal acusatorio, que todos los implicados cumplan con lo que la constitución ordena y mandata en sus respectivas facultades, porque finalmente protestaron cumplir y hacer cumplir la misma.

¿Es cierto que el Sistema Penal no sirve? ¿O en que falla?

En el 2008 México fue prácticamente comprometido por la comunidad internacional para lograr modificar de manera sustancial su sistema jurídico, los voluminosos expedientes, los litigios eternos y los altos niveles de corrupción en el mecanismo jurisdiccional, hicieron que se “sugiriera” so pena de cancelar apoyos externos, el que México comenzara a transitar de un sistema judicial anquilosado y lento a otro mucho más eficiente y eficaz.

 El primer paso: el sistema penal; carta de presentación de nuestro país en el que las noticias no siempre, por decir nunca, estuvieron en los mejores conceptos. Aquél procedimiento que permitía tener a inocentes en prisión y a culpables en las calles, impunes y sin ninguna protección efectiva a la víctima, condiciones que incluso inspiraron a poetas como Salvador Díaz Mirón a referirse a la otrora prisión de “Lecumberri” como “aquel lugar maldito donde abunda la pobreza, en donde no se castiga el delito, se castiga la pobreza”.

 Por ello se llevó a cabo una reforma constitucional que modificó todo el capitulado penal de nuestra Ley Suprema y años más tarde la elaboración dela miscelánea penal que hoy está en vigor y que la conduce un Código Penal Único en todo el país al que se le denominó Código Nacional de Procedimientos Penales.

 Así entonces, la reforma constitucional obedeció a un amplio estudio realizado por juristas, académicos y estudiosos del derecho penal que permitió también establecer en uno de los artículos transitorios que las federación y las entidades federativas contarían con un periodo de ocho años, es decir noventa y seis meses para capacitar a los ministerios públicos, jueces y por supuesto a los policías preventivos que son finalmente quienes tienen de primera mano el contacto con la escena del crimen.

Los años pasaron, la preocupación de los mandatarios fue el tema político, las elecciones, el ir el venir, pero nunca prestaron la atención debida al tiempo que se avecinaba y a la obligación constitucional que tendrían que cumplir, incluso algunos respaldados por las opiniones de juristas destacados como el Licenciado Juan Velázquez, el llamado “abogado de diablo” vaticinaron que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio sucumbiría, y entonces la confianza los embargo.

Pasaron los años 2009, 2010, 2011, 2012, y comenzó a entrar en vigor el sistema en algunas zonas del estado de Puebla, y 2013 y 2014, 2015 y finalmente en 2016 entró en vigor en todo el territorio estatal, un sistema que no tiene marcha atrás, que no la podrá tener porque es un acto de regresión en la impartición de justicia, solo que hoy con total desconocimiento del sistema los gobernadores del país, e incluso algunos alcaldes sin idea mínima de lo que hablan, han culpado a este novedoso sistema jurídico de las pifias que como responsables de las políticas de prevención del delito han tenido.

Déjeme explicar esto señor lector, la función del ministerio público comienza a partir de que tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, la función de juez es vigilar en principio que la actuación del ministerio público sea apegada a la ley y posteriormente juzgar y determinar sobre la inocencia o culpabilidad de un sujeto.

La función de quienes hoy descalifican a este sistema es “prevenir”, la política criminal debe entenderse no solo desde lo que Lombroso denominaba “la amenaza de la pena”, sino desde las acciones tendientes a evitar que el delito se produzca, es decir; una Estado eficiente no es aquel que más delitos castiga, sino en donde menos ilícitos se cometen, y para ello es necesario implementar gobiernos cercanos a la gente, la recomposición del tejido social y cumplir con lo que la ley mandata.

Esto es, invertir los recursos necesarios para la capacitación de la policía y los ministerios públicos, pero también dotarlos de equipo suficiente y eficiente que les permita realizar su labor. Centralizar las agencias del ministerio público, dotar de una impresora para cinco agentes del ministerio público y entregar turnos a las víctimas del delito como si fuera fila para comprar jamón, en nada abona a cumplir con lo establecido en la reforma constitucional.

El sistema penal acusatorio es perfectible, debe ser producto del estudio de “juristas” no de actores políticos, que por cierto no han cumplido con la parte que les corresponde en este sistema de enjuiciamiento. No es el sistema lo que no funciona, son quienes tienen la obligación de dotar de los mecanismos técnicos y humanos necesarios para su funcionamiento quienes nos han fallado. En este país mientras la política se superponga al derecho, estaremos condenados al mismo fracaso.

El estado de México, la antesala de una acuerdo

Por: José de Jesús Aguilar Carrasco

Largos transcurrieron los meses desde que las principales fuerzas políticas del país designaron a quienes habrían de encabezar las campañas para lograr obtener la llamada “joya de la corona”. El Estado de México significa el mayor padrón electoral en todo el país, antesala de la elección presidencial del año 2018, los partidos políticos buscaron desde el principio alianzas que les lograran sumar votos sin importar la comunión de ideologías o la forma en como a la postre habrían de pagar los acuerdos electorales. Y así comenzaron, por un lado con la promesa de mejorar lo que ya de por si estaba bien hecho, por la otra la presunción de estudios de posgrado y la aparición de aportaciones para la campaña desde los salarios de los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, otro más prometiendo ser el digno y real representante de la izquierda mexicana y al final como sucedió, la otrora contrincante a la presidencia de la república quien regresó al estado de México para ver si podría encontrar acomodo ante la nula presencia y convicción generada ante sus propios correligionarios.

Y arrancaron las campañas, con poca propuesta, con nula preocupación por la verdadera necesidad y sentido social hacia los habitantes del segundo estado más productivo del país, según cifras del INEGI, más bien con denostaciones, con acusaciones y con la estrategia generalizada de disminuir al contrincante frente a las denostaciones que fundadas o no, pudieran conseguir cada uno de los participantes.

Finalmente este domingo pasado cuatro de junio, se dio la elección, cada uno en su propio bunker, cada uno con sus propias estrategias de defensa y ataque, detención de funcionarios, irrupción externa, concentración de quienes dicen defender a los pobres en hoteles de lujo cercanos al punto de la elección, dinero en efectivo encontrado en automóviles, en fin, la elección terminó, de pronto el Programa de Resultados Preliminares comenzó a demostrar cierta tendencia, pero enfrente las encuestas de salida dijeron lo contrario. Al avance de las horas los reportes comenzaron a empatar y la tendencia del voto comenzó a favorecer hasta en tres puntos porcentuales al eventual ganador, TODOS se declararon ganadores, y nadie aceptó la derrota. Y llego el día del cómputo final y anunciaron recuperación de votos y manifestaron que si el resultado los favorecía reconocerían el trabajo de las autoridades electorales, pero que si el este era adverso saldrían a reclamar lo que a decir de ellos les pertenece. Al final Alfredo del Mazo se alzó con la victoria, la Maestra Delfina ha amagado con impugnar la elección. Como en todas las elecciones, el vencedor al festejo y los derrotados a buscar algún rescoldo en donde quepa judicializar la elección. Solo que en esta cabe señalar una diferencia, Alfredo del Mazo gana con la mitad de los votos que le permitieron a Eruviel Ávila llegar a gobernar el Estado de México, y la representante de MORENA se coloca como la segunda fuerza en una entidad federativa donde su existencia es incipiente, esto para el análisis.

Es el 2018 lo que se ve en el horizonte, las baterías están cargadas hacia allá, por lo pronto el PRI retiene en Estado de México y también Coahuila, no menos importante; el PAN se queda con Nayarit con la operación de cierto grupo de poblanos, a la postre se vislumbran acuerdos entre varios, solo que en estos acuerdos no esta MORENA, las piezas se las movieron igual que hace seis años a López Obrador y no aprendió la lección, como tampoco la aprenderá para los comicios presidenciales, porque se empeña en poner candado al zaguán cuando la puerta trasera queda abierta. Al tiempo…